domingo, enero 22, 2006

AMPLIACIÓN DE LA CIUDADANÍA INDÍGENA EN CHILE

Estábamos esperanzados en poder conseguir un fallo favorable. La comunidad nos había contactado, a través de un Diputado, pues sus miembros estaban muy preocupados por la eventual construcción de una planta de tratamiento de aguas servidas cerca de los espacios de su comunidad.

A partir de los relatos de ellos, nuestra gente hizo las observaciones en terreno, y efectivamente en el ámbito de influencia del proyecto de planta, estaban nada menos que el Rewe de varias comunidades, que es donde realizan la ceremonia sagrada de más importancia en su sistema ritual; el Eltún, conde descansan los cuerpos de sus antepasados y otros lugares como las fuentes de agua o Menoko, fuertemente ligadas con elementos de vitalidad de su Pueblo.

Estábamos contra el tiempo, pues la decisión de la Comisión Regional del Medio Ambiente ya se había producido y de ella no habían tomado conocimiento los peñi de la comunidad Pedro Ancalef. Se decidió preparar un recurso de protección. El plazo de quince días para presentarlo, desde que el afectado toma conocimiento del hecho, estaba dado por que recién en una reunión ocurrida hace una semana atrás, el Sr. Antío, miembro de la comunidad y otros peñi, se habían enterado de la decisión. Eso era posible probarlo, así que teníamos un plazo, pero los días corrían.

Consultamos y explicamos a los representantes elegidos de los Pueblos Indígenas que forman parte de nuestro “directorio” y estuvieron de acuerdo. Ante la preocupación de que no era presentable de que una agencia de gobierno, como lo éramos, apareciera contradiciendo la decisión de otra agencia pública como la COREMA, decidimos, después de darle muchas vueltas al asunto, que la competencia dentro de las agencias públicas por el cumplimiento de sus fines, es saludable y que hay experiencia comparada que acredita que esa idea es correcta. El Director apoyó el punto. La protección y el derecho de petición, que la ley establece a favor de los Pueblos Indígenas, no se opone al desarrollo ni al avance en infraestructura ni a la modernización de los sistemas de servicios básicos como el agua potable y cuando parecieran enfrentarse, es muy bueno generar instancias en que eso se discuta. Si alguna inversión de adelanto, nos beneficiara y afectara la calidad de vida de nuestras comunidades indígenas, eso no sería auténtico beneficio para “nosotros” o “la sociedad” pues de ese “nosotros” son parte, los Pueblos Indígenas. Mal que mal, el Director y los representantes del Directorio, elegidos por sus propios Pueblos, habían dado dura pelea en dictadura y en democracia por que eso fuera así.

Nuestro programa de defensa jurídica se hizo cargo de la redacción del recurso y durante la tramitación descubrimos el talento de un abogado frente a este desafío, que parece que solo estaba escondido tras nuestra diaria atención de pequeños conflictos vecinales.

El fallo favorable, que fue confirmado hace unas semanas por la Corte Suprema, es histórico, pues no es común dejar sin efecto una declaración de impacto ambiental cuando ya ha sido aprobada por la Comisión Regional correspondiente desde la dictación de la ley de bases ya hace una década; pero también lo es porque lo hace a favor de una comunidad indígena mapuche, reconociendo la importancia medio ambiental de sus sitios ceremoniales y estableciendo las bases sobre una interesante discusión sobre, por ejemplo, el ejercicio de derechos por las comunidades indígenas como colectividad, la relación de los órganos públicos con la sociedad civil y otros.

Chile se enriquece con la participación de sus Pueblos Indígenas y la labor de nosotros, una modesta agencia del gobierno, lo demostró.

Eleuterio Antío, presidente de la comunidad mapuche Pedro Ancalef, no ha sido objeto de mucha prensa, ni el abogado Marcelo Labraña, ni los consejeros indígenas elegidos de la CONADI Emilia Nuyado, Miguel Liguempi, José Santos Millao, Hilario Hurilef, José Llancapán, Alberto Hotus, Wilson Reyes y Zenón Alarcón. No han sido mencionados el Diputado Meza, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y su Programa de Defensa Jurídica que patrocinó y elaboró el recurso y las alegaciones

Celebramos con el fallo y también nos molestó la actitud de algunos representantes de ong´s, que sin alegar una palabra en las cortes en que se dio el debate, sin escribir ni una letra dirigida a contribuir con el recurso, aparecen ostentando la representación de las comunidades afectadas.

Si bien nuestra molestia duró los minutos en que reparamos que lo que la motivaba no era más que parte del folclor nacional, el fallo histórico demuestra algo que no suena mucho a ONG ni a discurso políticamente correcto, pero que refleja el medio por el que los Pueblos Indígenas de Chile han avanzado y seguirán avanzando en sus conquistas: la ampliación de la ciudadanía de Pueblos Originarios en Chile han estado estrechamente vinculados con la Concertación de Partidos por la Democracia y sus gobiernos. Ahora que desde marzo asumirá un gobierno con un especial acento ciudadano, que ese avance se multiplique y ensanche como nunca antes en la historia, es una oportunidad que los propios Pueblos y quienes hemos abrazado su causa, no debemos perder.

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